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Octubre 28, 2015

Estado y sociedad civil analizan déficit habitacional RD

La Vicepresidencia de la República y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil abrieron un espacio de reflexión con el propósito de contribuir con ideas y planteamientos concretos que favorezcan la construcción de viviendas de bajo presupuesto y de buena calidad.

SANTO DOMINGO, 28 de noviembre de 2015.- En su compromiso con la solución de los problemas que enfrentan la población en condición de pobreza, la vicepresidenta de República, doctora Margarita Cedeño; y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para el Gabinete de Políticas Sociales, organizaron un panel dirigido a crear políticas pública que permitan reducir el déficit habitacional y mejorar la habitabilidad en el país en los próximos 15 años.

El panel “Vivienda Digna, Sostenibilidad Ambiental y Protección Social”, procura abrir el diálogo entre las diferentes instancias de la sociedad civil y del Estado para articular una estrategia que contribuya a establecer un marco normativo, que una vez consensuado sea presentado al Congreso Nacional a fin de lograr un incremento paulatino de los recursos destinados a la vivienda social vía el Presupuesto Nacional, hasta cumplir con lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Asimismo, busca realizar un análisis cualitativo y cuantitativo acerca de la carencia habitacional en República Dominicana para la población en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, con la finalidad de presentar soluciones prácticas que permitan desarrollar planes de viviendas económicas que contribuyan a disminuir significativamente el déficit habitacional en los sectores más desposeídos.

Según se lee en el objetivo 2.5.1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) las autoridades deben “facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico motora”.

De acuerdo con el primer informe de la END y del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), los principales logros que exhiben las políticas públicas de viviendas en país son: “La aprobación de la ley 189-11 para el desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso y su reglamento y la subscripción de un acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) para la creación de la Ventanilla Única para los permisos y licencias de fabricación de proyectos habitacionales de bajo costo con los fondos de pensiones de los trabajadores ”, entre otros.

Participaron como panelistas Magdalena Lizardo, directora de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), quien abordaró lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo y los planes plurianuales en materia de producción e inversión pública en vivienda social y habitabilidad. Mientras que Altagracia Suriel, directora general del programa Progresando con Solidaridad presentó las acciones focalizadas en materia de vivienda que desarrolla por Prosoli.

De su lado, Rafael Jovine, coordinador del Observatorio de Derecho a la Ciudad de Ciudad Alternativa e integrante del Consejo Consultivo, tuvo a su cargo la presentación del análisis cualitativo y cuantitativo del déficit habitacional en el país con énfasis en la población en condiciones de pobreza. Mientras que Jenny Torres, investigadora social y miembro de la mesa de Políticas Sociales del Foro Ciudadano, presentó los resultados de un estudio sobre damnificados titulado: “Carencia Habitacional y Asentamientos Humanos en Situación de Exclusión”.

Al cierre del año pasado, la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), estimó el déficit de viviendas en 1, 096,000, de las cuales 447,000 son por requerimientos de nuevas unidades y 649,000 por mejoras.

Según el estudio del organismo, las viviendas nuevas requeridas crecen a un ritmo de aproximadamente 5, 500 adicionales cada año, mientras que las que necesitan mejoras importantes se incrementan en 15, 000 por año, lo que significa un incremento anual total de 20,500 viviendas.